El partido de extrema derecha ha tildado de «chiringuito» este fondo público de compensación para las víctimas de la exposición de esta sustancia tóxica.
El pleno del Congreso ha acordado por mayoría tomar en consideración la propuesta del Parlamento Vasco de crear un fondo de compensación económica para las víctimas que durante años hayan trabajado en contacto con el amianto, una sustancia cancerígena que está provocando gran cantidad de litigios.
La toma en consideración ha sido votada de forma positiva por los 109 diputados presentes en el pleno, además de 187 de los 240 que han votado telemáticamente; en contra ha votado uno y se han abstenido 52.
Durante el debate, Vox ya había avanzado que se iba a abstener, mientras el resto de grupos habían mostrado su disposición a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley, avalada de forma unánime por al Parlamento Vasco en mayo de 2019. El partido de extrema derecha ha tildado de «chiringuito» este fondo para resarcir a las víctimas.
La iniciativa había quedado paralizada en el Congreso por la disolución de las Cortes tras los comicios de abril de 2019 y ha sido defendida esta tarde por tres representantes de la Cámara autonómica -Maitane Ipiñazar (PNV), Eva Blanco (EH Bildu) y Gloria Sánchez (PSE-EE)-, que han recordado la relación directa entre el amianto y el mesotelioma, una forma agresiva y mortal de cáncer.
Las tres parlamentarias han considerado «de justicia» crear este fondo porque el Estado tiene una «deuda histórica» con los afectados, que seguirán creciendo, según estimaciones, hasta los años 30.
El amianto sigue estando presente aúnen muchos lugares, tal y como han señalado las parlamentarias, porque, a pesar de que su uso y comercialización está prohibido desde hace años, este material ya que ha sido utilizado de forma masiva durante tres décadas.
Además, el tiempo entre la exposición al amianto y el momento en que aparece la enfermedad es muy largo, y alrededor de un 20% de los casos se produce en personas que no han estado expuestas profesionalmente al mismo y la causa que está detrás es la contaminación ambiental.
De ahí que en buena parte de los casos, según las parlamentarias, los procedimientos de valoración e indemnización se manifiesten «inoperantes» y que a los afectados solo les quede litigar en los tribunales.
No se sabe con exactitud cuantos son los afectados, aunque sí se conocen algunos datos: desde 1999 a 2018, en el País Vasco murieron 825 personas por causa directa el amianto y en España 6.961. Cifras que Blanco ha tachado de «escalofriantes» ante algunos de los afectados presentes esta tarde en el hemiciclo, y algunos de ellos mujeres.
Blanco y las diputadas del PSOE y Unidas Podemos ha hecho hincapié en que entre las víctimas están muchas mujeres, que se han visto afectadas en el trabajo, pero también lavando la ropa de trabajo de sus compañeros que tenían fibras de amianto.
Vox, según el diputado Emilio Del Valle, se ha abstenido porque, aunque la formación «está de acuerdo en reconocer el daño causado por el amianto y a los afectados», no comparte que las indemnizaciones se gestionen a través de «un chiringuito».
«Se crea un organismo público, autónomo de carácter administrativo con personalidad jurídica propia, independiente de la de la administración general del Estado, con capacidad de obrar y que tendrá competencia en todo el reino de España», ha dicho el diputado, a quien le ha causado sorpresa que «los partidos nacionalistas y separatistas hayan firmado esto».
Desde el PP, Macarena Montesinos ha valorado la propuesta, aunque también le ha extrañado que se pida la creación de una estrategia central y ha puesto algunas objeciones al sistema de financiación. Los populares no están de acuerdo con que la reparación del daño por exposición al amianto se abone con cargo, entre otros recursos, a una cotización adicional para los empresarios que tengan contratados trabajadores por cuenta ajena, mediante aportaciones de las mutuas colaboradoras.
Desde el resto de grupos, los diputados han coincidido en la necesidad de agilizar los trámites para la creación de este fondo ya que antes de la disolución de las Cortes se trabajó al respecto.
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